Hoy Latinoamérica en general y la Argentina en particular, presenta un
cambio de rumbo hacia la reconfiguración de un nuevo paradigma que posiciona el
concepto de Inclusión Social, como eje de las Políticas Públicas, integrando el
concepto de sostenibilidad y desarrollo en una redefinición de la equidad como
marco de la gestión de gobierno. En este marco la integración de aspectos
estructurantes como territorio/energía/recursos forman el sustento de la nueva
política que articula sostenibilidad con Inclusión. [1]
La problemática de las ciudades latinoamericanas integra varios aspectos
que configuran su caracterización actual convirtiéndose en los últimos
años en temas gruesos recurrentes : la dificultad de varios sectores al acceso
a la tierra, la vivienda pública en escala no siempre apropiada y
localizada en cualquier sitio, las interfases rural-urbano ,la especulación del
suelo, y el desarrollo inmobiliario, los temas de desinversión pública en transporte,
los impactos ambientales de la pobreza urbana. Todos estos aspectos confluyen a
una síntesis, que configura desde lo espacio-territorial a lo cultural, la
ciudad fragmentada, como el estigma del
siglo XXI en estas latitudes.
La definición de la “desigualdad “como
el problema más acuciante a abordar para el continente latinoamericano, ha
redefinido los enfoques de las distintas agendas de la gestión pública del
continente, desplazando del eje a la pobreza urbana, integrándola en un
posicionamiento más complejo. Latinoamérica es el continente de mayor
desigualdad del planeta [2]y
la ciudad fragmentada no es más que la materialización territorial de esta
cualidad, verificable en todas las escalas urbanas, pero con mayor complejidad
en ciudades intermedias y en grandes ciudades.
La ciudad de Bahía Blanca , no es ajena
a este contexto. Siendo la décima ciudad del País, su condición de ciudad
intermedia en particular consolidada por los bajos índices de crecimiento
poblacional de las últimas dos décadas, no escapa al proceso iniciado en la
década de los 90, de fragmentación urbana, consolidando bolsones de pobreza y
dispersando las inversiones de los sectores más pudientes a lo largo de un
territorio extenso y despoblado, donde la fragmentación socio-territorial
divide la ciudad en dos hemisferios muy claros, tensionando el centro
fundacional de la ciudad pampeana original, cada vez más vulnerable al abandono
del mercado y al deterioro de su estructura urbana.Así la gestión de la ciudad, presa de
los efectos de las políticas neoliberales siguió curso a la fragmentación
espacial y aumento de las asimetrías
sociales.
La “Ciudad Inclusiva“ en tanto escenario ideal que articula la
conceptualización que garantiza los derechos de sostenibilidad planteados , define
un posicionamiento desde el paradigma de inclusión al diseño de los
instrumentos de transformación que impliquen un “camino posible a…“. Esta
mirada urbana, que reúne la reivindicación de derechos al territorio, que
vincula sosteniblemente sociedad y medioambiente es un concepto todavía más
complejo e intrincado estructuralmente en el continente y de mayor dificultad
de visualización como motor fundamental de las políticas públicas, y de fuerte
objeto en la Agenda de los Estados[3].
En un marco de altos niveles de recuperación del país, con las
estadísticas de mejora de todos los índices de calidad de Vida que la
Presidenta Cristina Fernandez de Kichner comunicó a la población en el Discurso
Inaugural del Período legislativo 2013[4] en el Congreso de la Nación, la actualidad de
la Ciudad de Bahía Blanca parece una isla perdida de la realidad argentina. Luego
de más de dos décadas de estancamiento de su economía producida por el
amesetamiento tanto de los factores de generación de empleo, sustentados en la
actividad comercial y educativa como Centro de Servicios de la Región Sur de la
prov. de Buenos Aires y Norte de la Patagonia, como de los efectos de
terciarización de servicios del Polo Petroquímico, la ciudad no ha generado ni
propiciado el aumento de su capacidad productiva. La bajísima tasa de
crecimiento poblacional intercensal 0,5% demuestra ser significativamente 3 veces menor de la Tasa media de crecimiento
poblacional del país que se ubicó en el 1,5% , mostrando la baja oferta de
oportunidades de la ciudad como centro de captación de movimientos migratorios.
Estas tendencias explican de alguna manera la preocupante pauperización
de la Ciudad que ostentó uno de los índices de mayor deterioro hacia el aumento
de la Pobreza, posicionándose como una de las Ciudades de mayor porcentaje y de
mayor crecimiento de la Pobreza, tanto en relación a la comparación con otras
ciudades como a la Región Patagónica a la que pertenece.
“El análisis
desagregado por aglomerados urbanos muestra que la región con menor nivel de
pobreza fue la patagónica, con el 3,8 por ciento, seguida por el Gran Buenos
Aires, con el 5,8. En particular, la ciudad de Río Gallegos mostró un nivel de
pobreza de sólo 1,1 por ciento. En el otro extremo se ubicó la región nordeste,
con el 12,3 por ciento, cuyo máximo se registró en la ciudad de Resistencia,
con el 14,2.”[5]
Sin embargo este nivel de análisis no se refleja en las
preocupaciones de los sectores políticos y ni en aquellos que tienen a su cargo
la difusión de la información y comunicación de la Ciudad. En particular, el
diario local, La Nueva Provincia, refleja constantemente en sus páginas las
condiciones de inseguridad sin vincular ni atribuir responsabilidades al alto
nivel de segregación y pauperización que sufre la población. Con el título “la
Inseguridad golpea nuestra Puerta” el suplemento del diario local incide en
informar la cantidad de robos diarios y sus posibles motivos , en conjunto con
el Comisario local y con las empresas de alarmas[6].
La inseguridad es una consecuencia
directa de la exclusión social[7] y se percibe en la Ciudad un alto nivel de complicidad de los sectores
de mayor concentración de la riqueza, a no asumir este vínculo y no comunicarlo
democráticamente.
Desde la
gestión iniciada en 2003 por el Ministerio de Infraestructura de la Nación y el
Plan Federal de Viviendas, Bahía Blanca recibe en 2006 un cupo de 4000
viviendas a construirse. Este número representa cuatriplicar la cantidad de
viviendas realizadas en las últimas décadas, sin embargo no cubre el déficit
habitacional vigente.
Al momento de
los sucesos de usurpación citados , ocurridos en Enero del corriente año, solo
se entregaron 1700 viviendas y las viviendas usurpadas sumaban la cantidad de
200, muy lejos de las 4000 prometidas en campaña desde el 2006 por la
intendencia y más aún del déficit habitacional registrado.
Es importante
en este contexto citar las reflexiones del fallo de la jueza
María Cristina Nazar,en la toma del Parque Iberoamericano, donde infiere que no
existe delito sino una falta de solución política aun conflicto social.
Comentario por demás muy fuerte para un sector político que antepone la
judicialización del conflicto a sentarse a trabajar con la gente y desde la
gente. Tuvieron que “mediar” un conjunto de Iglesias bahienses….[8] Las respuestas estructurales a la inacción del
Estado por más de cinco décadas para la vivienda de interés social no puede
pensarse sino desde justamente los problemas estructurales que llevaron a esta
situación. La falta de política sobre el suelo, y esto comprende también al capital
ocioso en las áreas urbanizadas, deja al descubierto la defensa de privilegios
a la propiedad privada, que sin dejar de reconocer sus derechos
constitucionales, han propiciado una deformación sobre los derechos sociales,
en una sociedad que se dice emular y desear la civilidad de los países llamados
centrales, pero no “copia” sus mecanismo tributarios de distribución de la
riqueza: ¿ignorancia o intereses individuales?
[1] “Equidad implica
entender también que el acceso a la energía tiene un rol fundamental en la
erradicación de la pobreza. No hay un medioambiente sano mientras haya franjas
numerosas de la población global sumidas en la más extrema pobreza. Decía que
equidad implica entonces también entender que el acceso a la energía tiene un
rol fundamental en la erradicación de la pobreza. Es esencial para la
producción la inclusión social y la igualdad de oportunidades.”
[2] http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI/countries?display=map
[3] como lo
demuestra el eje de debate propuesto en octubre de 2012 en Lima, Perú, para la
Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países
Árabes bajo el lema “Una cultura de paz, inclusión y desarrollo"
[4] “La cantidad de
trabajadores que hoy tienen un trabajo registrado, legal con protección social
es la más alta de los últimos 38 años y es un 92% superior respecto de las
personas que estaban en esa condición antes de la implementación de este patrón
y de esta matriz productiva de crecimiento con inclusión social, que creo además
es la señal o la clave: crecimiento con inclusión social. Habíamos crecido en
algunas otras épocas, los números de la economía así lo testificaban, pero lo
habíamos hecho con gran exclusión social, por lo cual a mi criterio por lo
menos, como militante política, no era un crecimiento que realmente pudiera
exhibirse como tal. Porque la economía con la gente afuera solamente favorece a
unos pocos, la economía con millones adentro recuperando trabajo, dignidad y
derechos marca también un rumbo diferente.
Sólo en la industria, el comercio y los servicios se
crearon casi 200.000 nuevas empresas, un 64% más de las que había al comienzo
de este gobierno. Hemos alcanzado un promedio récord de trabajo de casi 500.000
puestos por año, casi triplicando la cantidad anual de nuevos ocupados que se
generaron desde el inicio de la democracia en el 83. Se logró reducir un 67% a
los desocupados, llegamos nuevamente en este último trimestre del año 2012 al
6,9% de desocupación, acercándonos al récord histórico del 2011 que había sido
del 6,7; récord histórico también en la etapa”
[7] El problema de
la inseguridad, hay que reiterarlo, es un problema social generado durante
décadas por la deficiencia en muchos factores, causada por la desinversión, la
falta de políticas públicas multiplicadoras de bienestar y hasta por la desidia
de quienes tuvieron en sus manos la oportunidad de llevar a cabo estrategias
que no solamente mejoraran la calidad de vida, sino sumaran alternativas que
permitieran la prevención del delito.” http://www.eldiariodeguayana.com.ve/opinion/544-inseguridad-consecuencia-de-la-exclusion-.html
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