LA CIUDAD INCLUSIVA: Bahía Blanca 2013 : Lejos de la Ciudad Inclusiva

lunes, 24 de marzo de 2014

Bahía Blanca 2013 : Lejos de la Ciudad Inclusiva


Hoy Latinoamérica en general y la Argentina en particular, presenta un cambio de rumbo hacia la reconfiguración de un nuevo paradigma que posiciona el concepto de Inclusión Social, como eje de las Políticas Públicas, integrando el concepto de sostenibilidad y desarrollo en una redefinición de la equidad como marco de la gestión de gobierno. En este marco la integración de aspectos estructurantes como territorio/energía/recursos forman el sustento de la nueva política que articula sostenibilidad con Inclusión. [1] 

La problemática de las ciudades latinoamericanas integra varios aspectos que configuran su caracterización actual convirtiéndose en los últimos años en temas gruesos recurrentes : la dificultad de varios sectores al acceso a la tierra,  la vivienda pública en escala no siempre apropiada y localizada en cualquier sitio, las interfases rural-urbano ,la especulación del suelo, y el desarrollo inmobiliario, los temas de desinversión pública en transporte, los impactos ambientales de la pobreza urbana. Todos estos aspectos confluyen a una síntesis, que configura desde lo espacio-territorial a lo cultural, la ciudad  fragmentada, como el estigma del siglo XXI en estas latitudes.

La definición de la “desigualdad “como el problema más acuciante a abordar para el continente latinoamericano, ha redefinido los enfoques de las distintas agendas de la gestión pública del continente, desplazando del eje a la pobreza urbana, integrándola en un posicionamiento más complejo. Latinoamérica es el continente de mayor desigualdad del planeta [2]y la ciudad fragmentada no es más que la materialización territorial de esta cualidad, verificable en todas las escalas urbanas, pero con mayor complejidad en ciudades intermedias y en grandes ciudades.

La ciudad de Bahía Blanca , no es ajena a este contexto. Siendo la décima ciudad del País, su condición de ciudad intermedia en particular consolidada por los bajos índices de crecimiento poblacional de las últimas dos décadas, no escapa al proceso iniciado en la década de los 90, de fragmentación urbana, consolidando bolsones de pobreza y dispersando las inversiones de los sectores más pudientes a lo largo de un territorio extenso y despoblado, donde la fragmentación socio-territorial divide la ciudad en dos hemisferios muy claros, tensionando el centro fundacional de la ciudad pampeana original, cada vez más vulnerable al abandono del mercado y al deterioro de su estructura urbana.Así la gestión de la ciudad, presa de los efectos de las políticas neoliberales siguió curso a la fragmentación espacial  y aumento de las asimetrías sociales.

La “Ciudad Inclusiva“ en tanto escenario ideal que articula la conceptualización que garantiza los derechos de sostenibilidad planteados , define un posicionamiento desde el paradigma de inclusión al diseño de los instrumentos de transformación que impliquen un “camino posible a…“. Esta mirada urbana, que reúne la reivindicación de derechos al territorio, que vincula sosteniblemente sociedad y medioambiente es un concepto todavía más complejo e intrincado estructuralmente en el continente y de mayor dificultad de visualización como motor fundamental de las políticas públicas, y de fuerte objeto en la Agenda de los Estados[3].

En un marco de altos niveles de recuperación del país, con las estadísticas de mejora de todos los índices de calidad de Vida que la Presidenta Cristina Fernandez de Kichner comunicó a la población en el Discurso Inaugural del Período legislativo 2013[4] en el Congreso de la Nación, la actualidad de la Ciudad de Bahía Blanca parece una isla perdida de la realidad argentina. Luego de más de dos décadas de estancamiento de su economía producida por el amesetamiento tanto de los factores de generación de empleo, sustentados en la actividad comercial y educativa como Centro de Servicios de la Región Sur de la prov. de Buenos Aires y Norte de la Patagonia, como de los efectos de terciarización de servicios del Polo Petroquímico, la ciudad no ha generado ni propiciado el aumento de su capacidad productiva. La bajísima tasa de crecimiento poblacional intercensal 0,5% demuestra ser significativamente  3 veces menor de la Tasa media de crecimiento poblacional del país que se ubicó en el 1,5% , mostrando la baja oferta de oportunidades de la ciudad como centro de captación de movimientos migratorios.

Estas tendencias explican de alguna manera la preocupante pauperización de la Ciudad que ostentó uno de los índices de mayor deterioro hacia el aumento de la Pobreza, posicionándose como una de las Ciudades de mayor porcentaje y de mayor crecimiento de la Pobreza, tanto en relación a la comparación con otras ciudades como a la Región Patagónica a la que pertenece.
“El análisis desagregado por aglomerados urbanos muestra que la región con menor nivel de pobreza fue la patagónica, con el 3,8 por ciento, seguida por el Gran Buenos Aires, con el 5,8. En particular, la ciudad de Río Gallegos mostró un nivel de pobreza de sólo 1,1 por ciento. En el otro extremo se ubicó la región nordeste, con el 12,3 por ciento, cuyo máximo se registró en la ciudad de Resistencia, con el 14,2.”[5]

Sin embargo este nivel de análisis no se refleja en las preocupaciones de los sectores políticos y ni en aquellos que tienen a su cargo la difusión de la información y comunicación de la Ciudad. En particular, el diario local, La Nueva Provincia, refleja constantemente en sus páginas las condiciones de inseguridad sin vincular ni atribuir responsabilidades al alto nivel de segregación y pauperización que sufre la población. Con el título “la Inseguridad golpea nuestra Puerta” el suplemento del diario local incide en informar la cantidad de robos diarios y sus posibles motivos , en conjunto con el Comisario local y con las empresas de alarmas[6].  La inseguridad es una consecuencia directa de la exclusión social[7] y se percibe en la Ciudad  un alto nivel de complicidad de los sectores de mayor concentración de la riqueza, a no asumir este vínculo y no comunicarlo democráticamente.

Los sucesos que mostraron la ocupación de viviendas del Plan Federal aún no concluidas por vecinos con necesidades de vivienda, resultan indicadores de los niveles de exclusión que denota la realidad local. Bahía Blanca tiene un déficit “declarado” por el Municipio de una 10.000 viviendas, siendo este número coincidente con el número de familias anotadas para recibir los beneficios de la oportunidad de acceder a los programas de Vivienda Social.

Desde la gestión iniciada en 2003 por el Ministerio de Infraestructura de la Nación y el Plan Federal de Viviendas, Bahía Blanca recibe en 2006 un cupo de 4000 viviendas a construirse. Este número representa cuatriplicar la cantidad de viviendas realizadas en las últimas décadas, sin embargo no cubre el déficit habitacional vigente.
Al momento de los sucesos de usurpación citados , ocurridos en Enero del corriente año, solo se entregaron 1700 viviendas y las viviendas usurpadas sumaban la cantidad de 200, muy lejos de las 4000 prometidas en campaña desde el 2006 por la intendencia y más aún del déficit habitacional registrado.

Es importante en este contexto citar las reflexiones del fallo de la jueza María Cristina Nazar,en la toma del Parque Iberoamericano, donde infiere que no existe delito sino una falta de solución política aun conflicto social. Comentario por demás muy fuerte para un sector político que antepone la judicialización del conflicto a sentarse a trabajar con la gente y desde la gente. Tuvieron que “mediar” un conjunto de Iglesias bahienses….[8] Las respuestas estructurales a la inacción del Estado por más de cinco décadas para la vivienda de interés social no puede pensarse sino desde justamente los problemas estructurales que llevaron a esta situación. La falta de política sobre el suelo, y esto comprende también al capital ocioso en las áreas urbanizadas, deja al descubierto la defensa de privilegios a la propiedad privada, que sin dejar de reconocer sus derechos constitucionales, han propiciado una deformación sobre los derechos sociales, en una sociedad que se dice emular y desear la civilidad de los países llamados centrales, pero no “copia” sus mecanismo tributarios de distribución de la riqueza: ¿ignorancia o intereses individuales?




[1] “Equidad implica entender también que el acceso a la energía tiene un rol fundamental en la erradicación de la pobreza. No hay un medioambiente sano mientras haya franjas numerosas de la población global sumidas en la más extrema pobreza. Decía que equidad implica entonces también entender que el acceso a la energía tiene un rol fundamental en la erradicación de la pobreza. Es esencial para la producción la inclusión social y la igualdad de oportunidades.”
[2] http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI/countries?display=map
[3] como lo demuestra el eje de debate propuesto en octubre de 2012 en Lima, Perú, para la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes bajo el lema “Una cultura de paz, inclusión y desarrollo"
[4] “La cantidad de trabajadores que hoy tienen un trabajo registrado, legal con protección social es la más alta de los últimos 38 años y es un 92% superior respecto de las personas que estaban en esa condición antes de la implementación de este patrón y de esta matriz productiva de crecimiento con inclusión social, que creo además es la señal o la clave: crecimiento con inclusión social. Habíamos crecido en algunas otras épocas, los números de la economía así lo testificaban, pero lo habíamos hecho con gran exclusión social, por lo cual a mi criterio por lo menos, como militante política, no era un crecimiento que realmente pudiera exhibirse como tal. Porque la economía con la gente afuera solamente favorece a unos pocos, la economía con millones adentro recuperando trabajo, dignidad y derechos marca también un rumbo diferente.
Sólo en la industria, el comercio y los servicios se crearon casi 200.000 nuevas empresas, un 64% más de las que había al comienzo de este gobierno. Hemos alcanzado un promedio récord de trabajo de casi 500.000 puestos por año, casi triplicando la cantidad anual de nuevos ocupados que se generaron desde el inicio de la democracia en el 83. Se logró reducir un 67% a los desocupados, llegamos nuevamente en este último trimestre del año 2012 al 6,9% de desocupación, acercándonos al récord histórico del 2011 que había sido del 6,7; récord histórico también en la etapa”
[7] El problema de la inseguridad, hay que reiterarlo, es un problema social generado durante décadas por la deficiencia en muchos factores, causada por la desinversión, la falta de políticas públicas multiplicadoras de bienestar y hasta por la desidia de quienes tuvieron en sus manos la oportunidad de llevar a cabo estrategias que no solamente mejoraran la calidad de vida, sino sumaran alternativas que permitieran la prevención del delito.”  http://www.eldiariodeguayana.com.ve/opinion/544-inseguridad-consecuencia-de-la-exclusion-.html

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