HABITAT lll, La Nueva Agenda Urbana

La Nueva Agenda Urbana, Habitat lll, aprobada recientemente en Quito, habla de la necesidad de generar 6 condiciones , en tanto 6 Ciudades amalgamadas e interactivas q garanticen el Derecho a la Ciudad, como nuevo Paradigma Urbano, q construya la sociedad del Tercer Milenio.

La Ciudad planteada debe ser COMPACTA  /INCLUSIVA/ RESILIENTE/ PARTICIPATIVA/ SEGURA/ SOSTENIBLE. La cooperación y complementación, entre ciudades, entre sectores estatales y privados, entre ciudadanos en nuevos contratos urbanos, que articulen desarrollo con inclusión, formaron parte del debate que dieron las Naciones Unidas en este Foro Mundial que resume la propuesta de las 6 Ciudades superpuestas. 

Sin duda la complejidad q esta ecuación presenta, supone a su vez, como dice el Director Ejecutivo de ONU-Habitat, Joan Clos, " que hay que cambiar la forma de hacer urbanización y hay que cambiar desde los principios básicos, desde la legislación urbanística, el diseño y la planificación urbana, y el diseño financiero de la urbanización”.

De esta contundente y compleja ecuación, que supone abordar para Latinoamérica en especial, la superación de la DESIGUALDAD como resultante del proyecto de sociedad  /ciudad, se desprende que la mayor eficacia en garantizar el Derecho a una mejor Calidad de Vida está en la gestión de las políticas a escala de las Ciudades.  Más allá de la necesidad de contar con un contexto nacional/provincial que promueva el acceso a los derechos de HABITAT, las ciudades son capaces de generar riqueza y de repartir equitativamente garantizando esos derechos, siempre que las políticas ,en tanto instrumentos de transformación, sean coherentes con el objetivo. En este punto y poniendo como escenario posible el Derecho a la Ciudad, sería importante rever los instrumentos vigentes dado su magro resultado y animarse, como propone Joan Clos, a rediseñarlos.

No es casual que la ecuación de la Nueva Ciudad proyectada, comience por la condición : COMPACTA. Y no es casual, sobre todo para las ciudades de mayor pobreza estructural, donde la falta de Políticas de Suelo ha expulsado a la población más vulnerable a las periferias menos consolidadas. Esta condición, sin infraestructura y equipamiento, se encuentra paralelamente agravada por la tendencia de mercado,que dispersa también hacia la periferia, los crecimientos de las clases medias altas, en Countries y Barrios Jardín. Este fenómeno de extensión de las ciudades ha generado por un lado, graves consecuencias económicas que no permiten garantizar los servicios básicos comprendidos en el Derecho a la Ciudad y por otro ha fomentado la hiperguetización, entendida como la separación de los ciudadanos según clases sociales, generando ciudades fragmentadas y sociedades desiguales, condenando a bastos sectores de la población marginal a las Trampas de Pobreza, retroalimentando la degradación y la exclusión.

La Dra.en Antropología Kelly Olmos , plantea . “dime q ciudad tienes y te diré q sociedad eres”. La ciudad es el continente de la sociedad y su forma construye las condiciones en que se vincula la sociedad. La COMPACIDAD de las ciudades es un objetivo de primera acción, su referencia a la morfología urbana supone que la mayor densidad promueve ciudades con mejores oportunidades laborales, de estudio y ocio para todos, con menos recorridos , tránsito y transporte, en definitiva más accesibles.

Las tendencias hiperguetizantes y segregatorias que generan los procesos urbanos de extensión y dispersión en bajas densidades deben urgentemente ser contrarrestadas con la modificación de los standares urbanísticos, las normas de loteo y el desaliento impositivo. 

Ciudades como Bahía Blanca, con el mismo territorio que la Capital Federal (CABA), pero con solo el 10% de su población, son lo inverso de la cualidad COMPACTA, pasando el límite de SOSTENIBLE, lo cual implica la imposibilidad de lograr conformar las restantes cualidades de "Ciudad" propuesta desde UN-Habitat. La situación es grave, porque no solo refiere la imposibilidad de cumplir económicamente con las obras que garantizan el Derecho a la Ciudad, sino porque la dispersión de su mancha urbana se combina con la desinversión territorial y la consecuente degradación. En el caso de la zona Sur de la ciudad,  donde se radica la Franja de Vulnerabilidad (aprox. 20% del territorio urbano actual) este proceso de dispersión/desinversión consolida aún más la pobreza estructural.

Así entonces, la falta de estrategias urbanas que religuen la ciudad, la falta de espacios de encuentro ciudadano que activen la participación de los actores más vulnerables, la falta de ideas de desarrollo que motiven la inversión privada y sobre todo la falta de objetivos planificados sobre la ciudad que somos y la ciudad que queremos ser, aleja cada vez más a Bahía Blanca de la Nueva Agenda Urbana Habitat lll, pensada y aprobada por Naciones Unidas para garantizar una sociedad mejor y más justa en los próximos 20 años del tercer Milenio.

¿Que hay detrás de la Reglamentación de la Ley de Hábitat en los Municpios que sigue demorada en toda la Provincia de Buenos Aires?

La recientemente presentada Ordenanza de "adhesión" a la Ley 14.449 conocida como Ley de Acceso Justo al Hábitat por el Intendente Municipal de la Ciudad de bahía Blanca, dispara al menos un par de preguntas, que plantean un cierto clima de incertidumbre a quienes esperamos la instrumentación de esta herramienta que promete ciudades más inclusivas. La primera es de orden netamente instrumental; considerando que el articulado de la Ley es de carácter general para que cada municipio pueda generar los respectivos instrumentos territoriales: ¿Puede aplicarse sin particularizarla bajo ningún Plan General que plantee cómo y donde B.Blanca prevé su desarrollo? y¿cuáles serán las acciones curativas del territorio que viene a desarrollar la Ley con el objetivo expreso de mayores garantías al Derecho a la Ciudad? El proyecto de Ordenanza presentado, no se propone en su cuerpo normativo,ni la necesaria adaptación de los instrumentos desarrollados por la ley al territorio de Bahía Blanca, y menos la coherencia entre los fundamentos del Objetivos de la Ley y la propuesta para la ciudad, obviando toda referencia además al mismo, que es básicamente el ABC de la Planificación Territorial:Plan Director, en Coherencia con Planes de Sector, que modifican sustancialmente en actual Código de Planeamiento. Sin la incorporación de la base territorial que solo este tipo de instrumentos de planificación habilitan, la apropiación de la renta urbana generada por el crecimiento de la ciudad no tiene destino cierto.

También es importante decir , porque esto forma parte sustancial de los fundamentos de la Ley ,que no es exactamente cierto que exista una sostenida demanda de suelo y vivienda por parte de los sectores más vulnerables, como plantea el enunciado de la ordenanza del Ejecutivo, lo que la Ley plantea es que los municipios dejen de tener una visión fragmentada del problema del Acceso al Hábitat y formulen los instrumentos que garanticen el Derecho a la Ciudad. Iniciar la reglamentación de la Ley de Hábitat desguazándola en argumentaciones sectoriales como “suelo y vivienda” es al menos un anacronismo que no comprende la mirada superadora planteada, generada desde varios especialistas de los mejores de la Argentina, cuando se propusieron cambiar las preguntas para obtener diferentes respuestas, en función de generar un instrumento marco que ataque los cimientos de la Pobreza Estructural en la Provincia.

Porque de esto se trata la Ley, de cómo instrumentamos Ciudades Inclusivas rompiendo las estructuras de las trampas de pobreza, articulando el desarrollo de la Ciudad con la necesaria reparación de los tejidos degradados que en bahía Blanca tienen clara visibilización y fueron identificados por el Programa Hábitat del plan Bid en el 2009, bajo la figura de los Polígonos Hábitat.La Ley los describe en forma general como Areas Especiales y deben formar parte indispensable de cualquier habilitación de instrumentos.

La actual presentación, que pretende dejar sin efecto la Ordenanza 17.515 de Movilidad de Suelo, planteando que "ha dejado de tener vigencia en virtud de características propias de la dinámica urbana” en realidad no dice por qué perdió vigencia y pretende reemplazar un instrumento aprobado por el HCD, que si bien tiene que ser absorbida por esta nueva reglamentación, la ordenanza 17.515, supera en articulados e instrumentos a la presente, dejando por lo tanto su derogación, varios vacíos legales que instrumentaban políticas de suelo. Ciertamente la Ciudad necesita debatir con seriedad la pobreza estructural y su vínculo directo con la implementación de Políticas de Suelo, que no existieron en los debates anteriores, pero tampoco están presentes en esta instancia propuesta por el ejecutivo. El listado de referencias normativas elevadas, no solo confunde la articulación de la coherencia necesaria para vincular instrumentación con objetivos de la ordenanza presentada, sino que tampoco reemplaza a la necesaria fundamentación que requiere la instrumentación de la Ley 14.449 y cómo, los mismos se van a aplicar para garantizar la instrumentación de un proceso tendiente a socavar los cimientos de la pobreza estructural en la Ciudad. “Adherir”, no significa vaciado de contenido, lavando el instrumento con fines inciertos y por ende sospechosos de no cumplir con ecuanimidad el objetivo y pretexto de la presentación realizada.

La aplicación de la Ley, reglamentada en una ordenanza es algo que todavía no se ha hecho en ningún municipio de la provincia, y las “adhesiones” han permitido vicios peligrosos en la aplicación, donde se han loteado sectores periféricos usando la figura de los consorcios urbanísticos, para burlar los requerimientos de la Ley 8912, sin cumplimentar el fundamento de la Ley que plantea el Derecho a la Ciudad y se ha convertido a la Ley 14.449 es una vía de negocios especulativos del suelo!!!

La única forma de evitar la aplicación discrecional del articulado de la Ley es la reglamentación Local en concordancia con la propuesta de Ciudad comprometida con la mitigación y superación de la pobreza estructural. Existen muchos instrumentos de Planificación de necesaria territorialización, que confluyen para esto y deben ser propuestos por el Ejecutivo.

Por último, la exclusión de la Confirmación de las Mesas de Gestión de Hábitat donde los actores locales son los que definen las inversiones en sus territorios y acceden a un espacio de debate y participación efectiva ,combinada con la sola referencia al art.46, que reglamenta la captación de plusvalías urbanas, sin ningún tipo de referenciamiento que oriente las inversiones generadoras de renta en la ciudad y tampoco la reglamentación de las zonas de aplicación de las rentas generadas, expone a la ciudadanía a un manejo al menos muy poco transparente de la renta de la Ciudad y no cumple ni siquiera con el articulado específico de la Ley a la que otra vez , se pretende adherir.

En relación a las Consideraciones particulares del articulado presentado por el Ejecutivo es ejemplificador el Artículo 8 de la Ley, obliga al municipio a generar los medios para 

• Promover suelo urbanizado
• Desarrollar nuevas áreas residenciales
• Ejecutar proyectos de integración socio urbanística de villas y asentamientos precarios.
• Impulsar programas de intervención en viviendas 
• promover la recuperación y rehabilitación de edificios o sectores urbanos degradados

Todo esto amerita instrumentos de planificación que NO EXISTEN Y NO SE ADJUNTAN A LA ORDENANZA por lo tanto no se cumple ni con el art. 8 ni con el 9 que obliga a la afectación de recursos obtenidos, que luego llamará plusvalías urbanas en otros artículos Esto es al menos, poco transparente. Plantear la adhesión a la ley desde el art. 46 , que define los modos en que el Municipio captara la Renta de la CIudad en forma de PLUSVALIAS URBANAS , sin un plan que territorialice tanto la ubicación estratégica para el proyecto de Ciudad de los lugares habilitados para el mayor índice de constructibilidad , con el correlato de la definición de los Polígonos Hábitat que deberán recibir esos fondos percibidos bajo un programa de obras concertado con la población beneficiada, es diciéndolo en forma poco académica “poner el carro delante del caballo”

La ley plantea una infinidad de requerimiento antes de establecer la captación de renta, que no existen en la Ordenanza. Por ejemplo ¿Como se cumple con el art. 15 que establece la obligación de definir parámetros de calidad? , localización, densificación consolidación? Para que se quiere un Banco de Tierras??? desde dónde ,en dónde y para quién? esto debe definirse primero., dado que son los que garantizan las condiciones de Derecho a la Ciudad que implican estos parámetros de calidad ¿de que sirve un banco de tierras donde no hay escuelas, ni parques ni comercios?¿será el Mercado quien define como crece y se consolidad la Ciudad? El Estado ¿abandona la planificación del territorio? Obviamente esto está muy alejado del objeto de la Ley.

Por otro lado, la base de la instrumentación de las herramientas de captación de renta urbana deben establecerse en el marco de las directrices generales que exige la ley en el artículo 16. Porque es desde este VITAL artículo donde se le da coherencia al diseño de instrumentos. recordemos que el "Banco de Tierras "es solo un instrumento más de varios que deben jugar en simultáneo para que la Ley cumpla su objetivo de garantía de la mejora del Habitat para todos los habitantes de la CIudad. En el art. 36, la Ley vuelve a establecer la obligatoriedad de generar los Planes Particulares de integración Socio-Urbana para llevar a cabo las acciones del Art. 27de la Ley, y establece la conformación de la Mesa de Gestión de CADA Plan de sector .

En el Art. 6 de la Ley, que trata la conformación de los “consorcios Urbanísticos”dispara la pregunta en relación a ¿para qué Ciudad estarán elaborados? El debate sobre las consideraciones del tratamiento de la Pobreza estructural y la falta de Acceso al Derecho a la Ciudad ¿no son temas que DEBE poder debatir la sociedad en su conjunto al menos a través de sus representantes en el HCD? Este artículo vuelve a poner en evidencia la falta de concepto e interpretación de la Ley, el hecho de adherir a la Ley con el único objetivo de conformar un Banco de Tierras que no se sabe ni como ni para quien será utilizado.

La conformación de los “consorcios Urbanísticos no solo está pensado desde la Ley para definir subdivisiones especiales del suelo. De hacer esto, es bajarle el nivel a la Ley y convertirla en un instrumento de Loteo. En este sentido, otro ejemplo dejado de lado por la Ordenanza y fundamental al momento de que los Consorcios Urbanísticos sean diferenciales en relación a dónde se genera la renta y donde se aplicará es preguntarnos :¿Como se reglamentan las Organizaciones de Microcréditos? El  art. 44 de la Ley establece en forma explícita la obligatoriedad de que sean establecidas las zonas especiales y de reservas de Tierra (Banco de Tierras) solo a partir de planes y normas urbanísticas…la Ordenanza NO CUMPLE en forma contundente este artículo.

Y por último ¿Donde esta la obligatoriedad de generar una ordenanza GENERAL como plantea el Art. 50? que define a su vez el Art. 58 inciso a. donde es claro en la definición de los “consorcios Urbanísticos” cuando dice:  “DEBEN utilizar”. Esto implica la obligatoriedad de formular y FORMALIZAR los órganos multiactorales e iniciativas de la población para proyectos que cambian la normativa. Para esto se establecen los organismos de la población que garantizan participación, transparencia, legitimidad y gobernabilidad, que casualmente están ausentes en este proyecto de Ordenanza.

La aprobación de una ordenanza tan básica como la presentada por el ejecutivo municipal, daría por Tierra los esfuerzos realizados por tantos especialistas, políticos, camaristas , organizaciones de la Sociedad civil y personas involucradas con la mitigación y superación de la Pobreza Estructural. Si la propuesta presentada no condice con el espíritu y los fundamentos y objetivos de la ley , la pregunta final siempre nos debe interpelar ¿a quién beneficia?

BAHIA BLANCA y sus 22.684 viviendas vacías

Esta es la realidad registrada en el Censo 2010 en la Ciudad. No significa que realmente esta cifra sea correspondiente a viviendas deshabitadas, como indica la referencia, quizás muchas de ellas solo hubieren estado sin ocupar el domingo en que pasó el censista; sin embargo el porcentaje es muy alto para plantear que todos hubieran estado fuera de su casa el día del censo. Los datos pueden visualizarlos desde el link del Indec, pero lo cierto es que el caso de la Ciudad no es aislado, la tendencia de muchos Partidos de la Provincia es alarmante, con solo el 80% de sus viviendas habitadas.

Lo verdaderamente procupante es que desde el Estado no se visualice el problema. Dado que por ejemplo para Bahia Blanca el Déficit habitacional que ha manejado el Municipio ha sido de aproximadamente unas 10 mil viviendas, la mitad y un poco menos que las viviendas que figuran deshabitadas en el censo. Esto demuestra la importancia de un Estado Municipal que a través de su Catastro maneje la situación del Suelo en su jurisdicción, que es además su única autoridad, ya que el mismo depende solamente de la jurisdicción municipal.Esto no es un problema de la provincia ni de la nación, es un problema de gestión de los municipios. 

¿Por qué decimos que es un problema? Veamos lo que sucede en países que generalmente tomamos como ejemplos de urbanización y de sociedad: Países de Europa.

En Alemania, los propietarios pueden ser obligados a la movilización compulsiva de los inmuebles deshabitados. con multas, expropiación temporal, alquiler forzoso e incluso la expropiación definitiva. Además la Administración de las ciudades alemanas puede decidir que si hay más de 10 % de viviendas vacías estas son sujetas de demolición! 

Lo mismo sucede en Suecia donde se contempla la expropiación y la demolición para estos casos.LA EXISTENCIA DE VIVIENDAS VACÍAS IMPLICA UN AUMENTO DE GASTO PARA LAS AUTORIDADES LOCALES, dado que cada vivienda privada vacía incrementa el precio de los alquileres de vivienda protegida y como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales, el incremento de viviendas privadas vacías implica mayor coste para el Ayuntamiento en alquiler público. En Dinamarca las multas a las viviendas desocupadas se imponen a las seis semanas de comprobarse vacías sin aviso.

En Francia, la ley de Solidaridad y renovación Urbana impone , desde hace 50 años tasas a los propietarios de viviendas que se encuentren desocupadas y si se comprueba una vivienda vacía durante más de 18 meses quedan sujetas a requisa por seis años extensible a 12 si es necesario hacerle obras de rehabilitación, donde el Estado propone variantes de alquiler barato para Interés social.

En Inglaterra a los seis meses el Estado puede incautar las viviendas vacías y hay medidas fiscales para la reducción de las mismas incluso existe una Agencia estatal que trabaja en consonancia con este fenómeno.

Pero sin dudas el caso más paradigmático es Holanda, donde la legislación permite y legaliza ocupar las casas que hubieren estado vacías en un año!!! Poniendo en evidencia la injusticia social que representa esta práctica urbana contra la población y en resguardo de la función social de la Propiedad.

Esto nos remite a la Constitución argentina del año 1949, donde habíamos puesto al país en situación de pioneros en esta consideración.

La inclusión en 1949 de los derechos sociales o de segunda generación en la Constitución Argentina, fue parte de un movimiento universal llamado constitucionalismo social, iniciado con la sanción de la Constitución de México de 1917, resultado directo de la Revolución mexicana, en Alemania, con la Constitución de la República de Weimar en 1919 y en España la Constitución española de 1931. 

El artículo 38 replantea el concepto capitalista de la propiedad privada y a la cual la somete también al interés general y que por lo tanto debían adaptarse coordinadamente a otros derechos. En una Argentina con los mejores territorios en manos de una minoría, se sentaban así las bases de la discusión de la tenencia y de la renta de la tierra.

La Constitución Argentina de 1949 fue una constitución sancionada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952), dentro de la corriente jurídica del constitucionalismo social que, entre sus principales normas, incorporó en sus artículos los derechos de segunda generación (laborales y sociales), la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad e incorporó la elección directa del presidente y del vicepresidente y la posibilidad de su reelección inmediata.

Fue derogada el 27 de abril de 1956 por "proclama" del dictador Pedro Eugenio Aramburu, en la segunda etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Libertadora que derrocó al presidente Perón, restableciéndose la Constitución Argentina de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898.

Hoy la promulgación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat que se realizó para la Provincia de Buenos Aires, retoma algunos conceptos del paradigma del 49 y vuelve a poner intención y atención a la problemática del avasallamiento de la función social de la propiedad, regulando la Vivienda Vacía. En distintos distritos del País, se están presentando proyectos para terminar con esta "mala praxis" urbana. La Comisión Habitar Argentina ha presentado diferentes proyectos e inclusive participado en diversos esfuerzos en el país. (Adjunto al final un link donde puede verse un ejemplo de ordenanza para regular esta situación).

La presentación de la Adhesión a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, presentada recientemente en la Ciudad abre una espectativa a la posibilidad de incorporar la noción de la función social de la propiedad al menos investigando el carácter, ubicación y estado de las 22.684 viviendas vacías identificadas en el último censo en la ciudad y que representan el 20% de la capacidad habitacional construída. Es tiempo que la Ciudad de Bahía Blanca ponga proa para la recuperación de este Derecho a la Ciudad.

https://laalameda.wordpress.com/2014/06/22/presentacion-proyecto-de-ley-para-que-no-haya-casas-sin-gente/

“Bahía Blanca Ciudad-Puerto, una utopía posible del desarrollo urbano sostenible e inclusivo”

Contextualización de Bahía Blanca y su Puerto  Bahía Blanca es una Ciudad Cabecera de una amplia Región , de más de 300 kmts de radio, conformada alrededor de una particular geografía marina , el Estuario de la Bahía y ocupa en Sudamérica la Puerta Regional sobre el Atlántico del corredor Bioceánico Norpatagónico .Es a su vez rótula de intercambio regional en el Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Argentina y el mejor territorio geoestratégico para convertirse en el segundo Puerto del Pais. Se constituye además como : 

· Nodo logístico portuario más importante del sur Argentino, 

· Primer Puerto de aguas profundas del país 

· Centro exportador de la 3” pradera planetaria 

· Centro Regional de Ciencia , Educación y Cultura , 

· Epicentro de una importante área Comercial y de Negocios y de una extensa zona agrícolo-ganadera, 

· Sede financiera de los bancos nacionales y extranjeros de mayor nivel. 

La potente matriz de ocupación territorial se originó con el desarrollo de la infraestructura ferro-portuaria y vial sobre fines del siglo XIX y principios del XX; dicha matriz converge en el nodo Bahía Blanca. Desde la conectividad física, la región se estructura por la convergencia sobre Bahía Blanca y el Puerto de cinco rutas troncales: RN 3, RN 22, RN 35, RN 33, RP 51.Hasta el 2003, que se inicia un proceso de reparación y reacondicionamiento, la infraestructura local estaba en un atraso que hacía ineficaz su servicio como tal y su condición se mantenía en potencial. Si bien el proceso comenzó a mantener y poner en valor varias de esta infraestructuras el atraso de la desinversión de 50 años, requerirá de varios años más de inversión estatal fuerte en estos aspectos, sobre todo en la red ferroviaria. 

La actividad económica de la región por excelencia es la agropecuaria y el punto de salida de las producciones es el Puerto. Bahía Blanca posee una histórica vinculación con los mercados externos, fundamentalmente a través del puerto local. Las condiciones geográficas del estuario, su profundidad permite la navegación de buques de hasta 45 pies de calado, y su localización estratégica en relación a los centros agrícolas de la zona pampeana; lo convierten en punto natural de salida de la producción granaria, de subproductos y oleaginosas, hacia mercados internacionales”[1] (Urb-al, 2006:44). La condición macroeconómica mundial ha permitido al país mejorar su perfomance con respecto a las divisas conseguidas desde esta actividad. Sin embargo el desafío de inclusión y derecho a la ciudad que se persigue desde el proyecto nacional, necesita de la industrialización y la terciarización en servicios que generen mayor nivel de empleo mejor remunerado y mejora en la capacidad económica de todos los habitantes para considerarse “ciudadanos”. 

Desde el punto de vista institucional la conformación del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, en 1993, constituyó un factor fundamental para el logro de una modernización administrativa, convirtiéndolo en el primer puerto autónomo argentino. Dicho consorcio es un ente público no estatal, dirigido y administrado por un Directorio integrado por representantes de los diferentes sectores vinculados a la tarea portuaria (empresarios y sindicatos), al gobierno municipal y provincial. Sin embargo su impacto en la economía local, no produce aún la multiplicación necesaria para convertirse en el motor de riqueza en inclusión que se está gestando a nivel país. 

La ciudad de Bahía Blanca presenta actualmente un crecimiento muy débil, en comparación con etapas anteriores. Entre 1960 y 2001, la población entre 0 y 14 años disminuye 10,46% y la población de 65 años en adelante crece un 21,44%[i][2]. Esto muestra una población con envejecimiento relativo y disminución de la población joven (ya sea por Actualmente tiene migración de las parejas jóvenes o disminución fuerte de la tasa de natalidad). [3]Según los datos provisorios suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a los coordinadores de la medición a nivel local, en el partido de Bahía Blanca hay en el año 2010, 301.501 habitantes. La cifra informada permite establecer que el crecimiento de la población, respecto al censo del año 2001, se corresponde con una tasa anual de crecimiento de 0,55%. Esto representa tres veces menos que la tasa del país, lo cual genera un escenario de envejecimiento marcado si no se cambia el actual estado de estancamiento de la economía y su potencial de generación de fuentes de trabajo en la ciudad. Uno de esos potenciales es sin duda el Puerto de aguas profundas más importante del país, que hasta ahora solo ha repercutido en forma indirecta en el desarrollo de la ciudad.

Bahía Blanca transita en el presente la oportunidad histórica de redefinir el concepto del binomio Ciudad/Puerto o Puerto/Ciudad y configurar un territorio donde la síntesis de desarrollo y posicionamiento global de la Ciudad genere la Primer PUERTOPOLIS de la Argentina, donde patrimonio ambiental y cultural, desarrollo industrial, portuario, logístico y urbano , conjuguen la necesidad de potenciar el desarrollo a partir de la estrategia CIUDAD/PUERTO, un binomio que ha caracterizado a la ciudad, pero que no configura aún la sinergía suficiente como para constituirse en el motor de empleo y distribución de riqueza que necesita la Ciudad. "Si algo es NECESARIO y aparece como IMPOSIBLE , es necesario cambiar las reglas de juego" 

Desde el Plan de Desarrollo Local y la estrategia de la Ciudad Puerto y en referencia al trabajo de Adefrance ”Área Metropolitana del Estuario de la Bahía Blanca”se induce a plantear como premisa que todo puerto es por definición, un lugar en que entran en  contacto  dos campos de circulación: el terrestre y el marítimo. El funcionamiento de esta interfaz implica  una demanda de intercambios que justifique su existencia y  una oferta que necesite los medios humanos y materiales. 

La noción de desarrollo para el puerto de Bahía Blanca se aborda así tanto desde una perspectiva económica como de ordenamiento ya que el apoyo de un lugar de vida es indispensable para la presencia de actividades y servicios. De hecho, un puerto y su territorio de referencia se alimentan mutuamente. Encarar el futuro  de la zona urbano-portuaria exige un análisis de su zona de influencia. 

En este caso, es la población de Bahía Blanca, a la vez  receptáculo natural de la creación de valores que implica el puerto y  proveedor de mano de obra útil para la realización de estos intercambios. Pero es todo el hinterland del puerto el que se ve  implicado porque sus fronteras son variables según la dinámica en marcha (una demanda importante permite acrecentar la oferta, lo que mecánicamente conduce  al crecimiento de la zona de atracción).

El abordaje ha sido por lo tanto lo bastante amplio como para contener la ambición de establecer un proyecto de desarrollo global ciudad/puerto apoyándose sobre lo que permite dar la economía de un vasto territorio en el sud-oeste de Buenos Aires. El trabajo desarrollado apunta además a insertar al territorio en un contexto de desarrollo sustentable por tratar en particular aspectos medioambientales especialmente sensibles relacionados a un medio cerrado como es la bahía. “El conocimiento de lo existente es la base indispensable para distinguir lo posible”

Los aspectos en juego son múltiples, implican el comercio argentino, la industrialización regional, las infraestructuras de transporte, las organizaciones logísticas, la administración portuaria, el funcionamiento urbano, la calidad de vida. Para ello es importante abordar los aspectos principales de los equipamientos portuarios : Definir un esquema de ordenamiento y desarrollo de la zona portuaria de Bahía Blanca implica articular diversas variables entre sí:

Espaciales: ¿cómo integrar las realidades locales a un contexto mundializado?

Modales: ¿cómo lograr fluidez en la relación de lo marítimo y lo terrestre?

Económicas: ¿cómo conciliar ordenamiento y productividad?

Temporales: ¿cómo ser reactivo cuando el “tiempo urbano” es largo?

Medioambientales: ¿cómo valorizar una herramienta industrial en un sitio natural?

A modo de síntesis de Caracterización del Puerto de Bahía Blanca  se enumeran los hechos que fundaron el desarrollo del sistema portuario del estuario :

a)   La decisión del Estado Nacional (periodo 1988/1991) de instalar en Bahía Blanca un puerto de aguas profundas con un calado de 45 pies. Con esto se buscaba dinamizar el comercio internacional.

b) La ley 24.093/92 que condujo a una profunda transformación del sistema de gestión del sector portuario/marítimo al descentralizar el control de los principales puertos del país (Bahía Blanca, Buenos Aires, Quequén, Rosario y Santa Fe.

c) La cooperación con el sector privado y todos los actores del sistema portuario que se manifestó en particular con el tercer plan estratégico del 2004. 

El puerto asegura la función de Landlord (administración, control, promoción y desarrollo e inversiones mientras que los equipamientos competen a la gestión pública);  el sector privado toma a cargo el ordenamiento y explotación de los terrenos que le son cedidos y los servicios (bajo control público). De este modo, el puerto inicia un proceso de evolución que se mide básicamente por el crecimiento desarrollado y previsto de la cantidad de terminales.

Así, el puerto se encuentra hoy comprometido en un proceso de evolución dentro del que ambiciona dejar de ser una herramienta técnica (transbordo tierra-mar) para transformarse en una herramienta de desarrollo (creación de valor agregado). En este sentido, hay que actuar sobre dos factores mayores:

Llegar a ser un verdadero puerto de contenedores; hoy Bahía Blanca sólo opera cerca de 100 000 toneladas (principalmente frutas y verduras gracias a la presencia de un operador especializado como es Patagonia Norte);

Posicionarse no sólo como un puerto de exportación sino también como un puerto de importación. Hay que destacar que durante el 2009 no se ha recibido ningún contenedor lleno. 

Los puertos de la Bahía Blanca tienen capacidad para posicionarse dentro de un hinterland muy amplio (ver mapa siguiente Fuente: CGPBB- Agosto 2009).El hinterland representa una población de más de 16 millones de habitantes que crece a un ritmo de 20% cada década. El producto bruto geográfico del hinterland de la AMB representa $185 mil millones (base 1993) y el 55% del total del PBG nacional. A la vista de estos datos, es posible pensar entonces en construir el gran puerto del sur de la Argentina y captar un vasto territorio al oeste del país.

En el marco del Programa Adefrance , convenio de colaboración técnica conjunta con el Puerto y las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta, los expertos franceses en desarrollo territorial, pusieron en juego en el debate 3 instancias de posible crecimiento portuario (imagen inferior) ;en todas las alternativas el ESCENARIO del nuevo territorio, como pieza clave de una oportunidad de desarrollo sostenible iba desde CERRI hasta Puerto Rosales. Por ello, la oportunidad que se abre con la instalación de la Planta Regasificadora en Cerri, recuperando el Muelle Cuatreros, permite de una forma inmediata la configuración de un imaginario diferente al desarrollo portuario que la historia local ha definido hasta el presente.

Sin embargo esta oportunidad desde lo económico/social supuso una situación de conflicto del desarrollo sustentable y el Caso del Dragado en Cerri y la posible ampliación Portuaria, pusieron en crisis los acuerdos ciudadanos sobre la utilización sustentable del Estuario.

Según E. Leff, el saber ambiental, marco de la concepción de un desarrollo sustentable, es un entrecruzamiento  de tiempos: de los tiempos cósmicos, físicos y biológicos, pero también de los tiempos que han configurado las concepciones y teorías del mundo y las cosmovisiones de las diversas culturas a través  de la historia. (E. Leff, 2000,36). Esta mirada nos introduce en el desafío de integrar desde el saber ambiental, la confluencia de miradas sobre nuestro territorio y en el mismo proceso integrar conocimientos que complementen estrategias de desarrollo. El estuario como escenario ambiental, debe ser respetado en toda su magnitud de soporte y capacidad de carga que implique la garantía de la preservación de especies u habitat natural para el disfrute de las generaciones futuras. También el desarrollo portuario en un estuario requiere de obras de infraestructura vitales para que la condición de Puerto sea posible, siendo que es una de las estrategias de desarrollo más viables y efectivas para poner en movimiento la estancada economía local. En esta dinámica de equilibrio y sostenibilidad, deben jugar los distintos proyectos a evaluar en el marco del territorio a desarrollar en forma sostenible incorporando la inclusión social como variable fundamental a las estrategias de intervención directa sobre la pobreza urbana. Por otro lado la recuperación de MEMORIAS del PATRIMONIO CULTURAL portuario, productivo y ferroviario que caracterizan a las dos comunidades costeras tanto White como Cerri, deben sumase a la propuesta que introduzca variables Identitarias únicas, que posiciones el Estuario de la Bahía , como Marca de Ciudad en el Mundo que se está gestando de carácter Glocal. 

Si bien es cierto que desde el equipo Adefrance ,que durante dos años re-pensó la estrategia Ciudad/Puerto se evaluó la posibilidad de crecimiento más posible hacia habilitar el Puerto nuevo de Rosales como la primera acción de futuro (próximos 10 años),  nunca estuvo en  el escenario la Oportunidad que genera la localización de YPF en puerto Cuatreros y lo que significa como opción de desarrollo.   Sin embargo, ambientalistas y académicos locales pusieron el proyecto en crisis en la Audiencia Pública, figura incorporada en la reforma constitucional de 1994 como instrumentación del Art.41 de la Constitución Nacional realizada en la localidad de Cerri, con alto nivel de concurrencia y un clima de tensión y conflicto que no se había visto nunca en la ciudad por este tipo de cuestiones. 

En ese momento en la Ciudad, era tema central, dada la decisión del Estado Nacional de elegir el Estuario de la Bahía Blanca como ubicación de la futura planta regasificadora 2 de la Argentina para cubrir el déficit actual de provisión de gas y con miras a en un futuro, cuando se eleven las explotaciones propias exportar el mismo. A inicios del 2013 y con la nacionalización de YPF, la urgencia del buque regasificador quedó latente,  pero el conflicto social para construir un consenso sobre el uso del Estuario es aún una asignatura pendiente, que puede encender otra vez la mecha de la disputa entre los actores locales.

Varias asociaciones de ambientalistas y de académicos de la biología marina, establecieron su preocupación ante la falta de conocimiento colectivo y consensuado sobre el desarrollo sostenible del Estuario, conformando un conflicto ambiental que enfrenta a quienes quieren generar posibilidades de aumento y diversificación de la oferta de empleo local y aquellos que sostienen que se pone en peligro el ecosistema natural.(imagen)

Desde el Impacto ecológico que el dragado del Estuario plantea como viabilización de la actividad portuaria y su necesidad imperiosa de dragado, los factores criticos se visualizan como:

Desconocimiento del grado de afectación de las zonas de reserva del humedal

Desconocimiento de las implicancias en el cambio del régimen de mareas

Cambios en el hábitat de las especies de la fauna autóctona 

Déficit jurídicos fuera de las zonas de reserva

Ausencia de instrumentos de manejo de la capacidad de carga del ecosistema

Déficit de personal de control y monitoreo para la extensión territorial del estuario

Interferencia de jurisdicciones en la toma de decisiones

En tanto, el sistema de los Puertos del Estuario, que soporta un régimen de mareas e inundación del territorio que comprende 4 mts de altura y varios kilómetros de extensión, necesita del mantenimiento del canal principal, como único acceso que viabiliza la actividad portuaria, de uno de los enclaves de mayor tránsito de buques de gran calado que realizan completamiento de carga para el comercio internacional, siendo de prioridad estratégica para el Estado Nacional.

Si bien existen organismos provinciales y locales encargados de medir el impacto, los mismos no tienen la inserción en la sociedad de forma tal que construyan una concientización sobre la construcción consensuada del desarrollo sustentable de la relación Ciudad/ Puerto, como lo demuestra el video subido a la red , de movimientos ambientalistas que se oponen al dragado en la localidad de Cerri. Por otro lado el Consorcio del Puerto como empresa PUBLICO/ PRIVADA, tampoco ha sabido construir conocimiento en el marco de un crecimiento sostenible que articule los consensos necesarios. Definido como  Impacto Político/Cultural, dado los distintos paradigmas sobre la pertenencia y apropiación que el poder político ha realizado del Estuario por sobre el poder de la gente común. El interés económico y la visión desarrollista del territorio ha generado un casi aceptado derecho de uso de la costa del Estuario a la actividad Portuaria, relegando el disfrute del mismo por la población.

De esta manera la Ciudad ha crecido de espaldas a esta condición marina, siendo común que la mayoría de los ciudadanos no conozca el Estuario y busque el disfrute de playas vecinas, quedando solo para las clases menos pudientes el acceso al balneareo municipal Maldonado, generado artificialmente por una “piscina” de agua salada. La naturaleza propia del Estuario como tal no es tomada en el diseño y el disfrute del mismo es pensado en forma artificial.

El Puerto y el polo petroquímico, sumado a los efluentes de las tres cloacas de la Ciudad, han tomado la costa del Estuario como su escenario. Los antiguos moradores de la localidad portuaria de Ing.White, son los único que recuerdan la condición marina como paseo y ocio posible d la ciudad. En la Actualidad , el grupo del Mueso del Puerto, comenzó a recopilar estas historias y vivencias del pasado incluidos algunos proyectos olvidados de otras generaciones de políticos y vecinos, como lo fue el proyecto del intendente Arrieta de principios de siglos que imaginaba un balneareo al costado del Puerto, conocido como “la Rambla de Arrieta”. La fuerte impronta de recuperación patrimonial de aquellos momentos y de las fiestas populares que en relación a la apropiación del Estuario se hacia en los primeros años de principios del siglo XX, renace como conflicto de apropiación del recurso en este momento.

Si bien las condiciones originales del Proyecto de “la rambla de Arrieta” hoy se ven comprometidos por el avance del Puerto en todo ese sector de costa, las posibilidades de generar un proyecto de desarrollo turístico amigable con el Estuario, de edificación , fomento y promoción del ambiente sostenible es aun posible. En el Marco del plan del Área Metropolitana del Estuario de la Bahía Blanca desarrollado desde Adefrance, agencia del Estado Francés que bajo un convenio de colaboración técnica, estuvo trabajando en 2008/2010 en conjunto con actores locales, la posibilidad de generar una interfaz territorial Ciudad/Puerto como proyecto del frente marítimo de la Ciudad, propuso varios proyectos enlazados, donde el Estuario es el anfiteatro natural de actividades mixtas, permitiendo la apropiación de los habitantes de la condición marina perdida y sosteniendo la planificación del territorio como un instrumento de desarrollo sustentable con equidad.

Esta nueva concepción, es hoy una propuesta que puede viabilizar por un lado la lógica de desarrollo portuario con la necesidad de sostenibilidad del recurso para el goce de esta generación y de las generaciones futuras.Pero por ahora el futuro por escribirse está en papeles a la espera de alguna generación que se decida a operar el Territorio en una ecuación que integre desarrollo y equidad, sustentabilidad e inclusión. 

"No es que no nos atrevemos porque las cosas son difíciles, son difíciles, porque no nos atrevemos"Séneca.

La Dialéctica que impone el Modelo Neoliberal en la construcción del Habitat Urbano Inclusivo.

Desde Habitar Argentina, expresan: “Como colectivo, sostenemos que las conquistas y ampliación de derechos logrados en este último período constituyen un escenario de oportunidad para continuar profundizando, con el fin de avanzar en las deudas que aún quedan pendientes en el camino de alcanzar un hábitat digno para todos los habitantes de nuestro país” 
http://www.diariocontexto.com.ar/2015/11/19/la-necesidad-de-profundizar-las-politicas-de-acceso-al-habitat/. 

Independientemente, del cambio que viraliza todo lo que hasta aquí se ha profundizado y conquistado en los gobiernos Kichneristas desde 2003/2015 y la incertidumbre que implica el nuevo gobierno de derecha en Argentina, esta reflexión de Habitar Argentina, si se quiere la mayor organización comunitaria que agrupa a varios actores institucionales en pro de reconvertir el proceso excluyente de acceso al Hábitat, no es menor, pero las deudas pendientes sobre los procesos que configuran la materialidad de las urbes latinoamericanas, impone la necesidad de revisar las estrategias de largo plazo. La diferenciación de soluciones vistas desde lo urgente no debieran proyectarse más allá del corto plazo, dado que se corre el peligro de confundir las posibilidades de socavar las causas estructurales que consolidan la pobreza.

La ley de Acceso Justo al Habitat, es sin duda un avance notable. Más allá que solo tiene alcance para la Provincia de Buenos Aires, sabemos que como se ha hecho con la Ley de Suelo 8912, sus instrumentos podrán incorporarse al resto de las realidades urbanas nacionales. Lamentablemente la nueva Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, quedó a la espera de un nuevo ciclo político que nuevamente ponga énfasis en esta problemática. Mientras tanto, es importante abrir el debate sobre lo actuado y redefinir, en funcion de los logros y errores, una posible etapa futura de implementación, y más importante aún, defender claramente el avance logrado, si no en materialidad concreta, si en ideas sobre el ordenamiento territorial, que hoy son parte de un nuevo conocimiento hacia la Ciudad Inclusiva.

“El esfuerzo es pensar el territorio como un todo, en el que más allá de ser el espacio articulador de las relaciones sociales,es el objeto de estudio, de acción, de planificación y de reconocimiento de la soberanía nacional, sin la cual no se alcanza el estatus jurídico de Estado Nación”comenta Scatolini en su reciente libro "Hábitat, hacia un nuevo paradigma urbano"(*) a lo que se agrega para enfátizar la importancia de la conceptualización del territorio la frase de Lombardi “el Espacio Urbano no es el simple reflejo de las relaciones sociales,sino parte constituyente de ellas”. Es entonces, el debate sobre “el nuevo paradigma urbano” el que está en juego y cómo se articulan y diseñan los instrumentos que operan en la realidad del territorio para materializar las relaciones sociales diferentes a las que establece el Modelo de apropiación neoliberal de la ciudad. Sobre esta base, constituye un serio peligro no percibir lo sucedido bajo la aplicación de soluciones que han resuelto el corto plazo, pero que al mismo tiempo consolidan el paradigma de exclusión, identificado con las tendencias al segregacionismo, la falta de integración de los programas denominados de Hábitat, que solo hacen vivienda y con la estigmatización de la precariedad de las “soluciones habitacionales”construidas configuran desde lo arquitectónico(Referencia directa a los Planes Federales). La falta de crítica de los sectores técnicos ha consolidado estas operaciones. El hecho de entender el marco de la coyuntura política del 2003, de un Estado con prioridad de generar opciones de trabajo y de movilización de la economía, no indulta de la responsabilidad durante los doce años siguientes de no haber estado preparados técnicamente para dar las soluciones precisas hacia otro paradigma urbano, al momento de las pertinentes decisiones políticas de los gobiernos kichneristas. Inclusive la enumeración que se hace desde la misma Ley de Habitat, repito, la mejor instancia instrumental conseguida y altamente valorada desde este posicionamiento, no alcanza a conformar un marco coherente a modo de aplicación escalar planificada, que sostenga y ordene las operaciones urbanas en función  de lograr cambiar, a modo de contratendencia, el modelo excluyente neoliberal impuesto hace décadas, y por ende sirva , para desmantelar los cimientos de la pobreza estructural en el país.

¿Qué debiéramos preguntarnos entonces , en función de poder construir un nuevo paradigma urbano al que me propongo llamar LA CIUDAD INCLUSIVA? Esta pregunta atraviesa el enfoque técnico y también atraviesa la posibilidad desde la materialización de la ciudad; la respuesta no será posible si las estrategias de transformación urbana no coexisten bajo un proyecto de conducción política fundamental que nutra dicha materialidad hacia el objetivo de inclusión planteado. Momento histórico desde lo político hacia este paradigma vivimos en la "Década Ganada", pero los sectores técnicos no se habían dado el suficiente debate, no habían repensado estrategias, no estuvimos preparados, como lo demuestra luego del tiempo transcurrido, la baja incidencia en los cimientos de la pobreza estructural que produjo la era kichnerista. Falló la sintonía fina que pedía la Presidenta. No solo desde lo urbanístico, falló desde lo social, desde la gobernanza, desde la economía de las ciudades y su financiamiento, pero sobre todo, desde el debate de las ideas, desde la Academia. No es menor también reconocer que faltó una clase política preparada para tensionar la demanda con la instrumentación de las respuestas, una miráda crítica a las soluciones propuestas desde el sector técnico, que hubieran mejorado la capacidad de respuestas específicas necesarias.

Esta instancia sea quizás la propicia para plantear una deuda importante que hace al debate y reflexión sobre otro momento histórico, donde desde una coyuntura de inclusión desde lo político, se encontraron respuestas que hasta hoy han sido de alta eficacia en esta dialéctica entre el proyecto de sociedad buscado y la materialización de la ciudad diseñada. Los instrumentos utilizados en el urbanismo peronista del 45/55, han sido poco internalizados y analizados a 60 años de su implementación, siendo que pueden mostrar una coherencia de acceso al "derecho a la ciudad" y no solo por  la clase social de los trabajadores , los vulnerables que Evita llamaba los "descamisados" que pasó a integrar la clase media argentina, si no que consolidó un proceso político que fue mas o menos exitoso, pero fecundo en alternativas que consolidaron eficientemente la relación /proyecto social/proyecto de ciudad. El libro del arquitecto Jorge Sabaté, recoge la  documentación de la variada obra pública de diseño para equipamientos urbanos, barrios de vivienda, fabricas, estadios, capillas,auditorios, museos, aeropuertos, que el peronismo propuso como estrategias construidas del Estado de Bienestar, concebidas como lo dice su título, como arquitectura para la justicia social, que dada la importancia , la diversidad y las múltiples localizaciones, constituyeron mucho más que arquitectura, pusieron en jaque el paradigma de ciudad consolidado desde los tiempos del liberalismo de la generación del 80 y construyeron una nueva imagen de ciudad, atravesando lo simbólico y lo funcional, incidiendo en forma efectiva en la integración del tejido social, en una nueva lógica de relaciones sociales y el espacio público. “ La labor de promoción humana, educación y asistencia social de la Fundación Eva Perón es, acaso , una de las respuestas mas elocuentes que el Justicialismo pudo ofrecer a millones de argentinos y argentinas “excluidos” del sistema, aún antes de que la palabra exclusión se incorporara al léxico social, político y comunicacional de todos los días. Se trataba de superar los viejos esquemas de asistencialismo dadivoso y de corto plazo, al modo anacrónico de la Sociedad de beneficencia, para operar la ayuda estatal  con la premisa de la dignidad de la persona y su inserción sustetable en los procesos de ciudadanía y de bienestar. Evita aportó al Justicialismo el marco de una “potética”donde el hacer corresponde a demandas ciertas y se resuelve en la mixtura de intuición y racionalidad. Y el instrumento de aquella praxis nacida de los repliegues mas hondos de su sensibilidad de mujer y de su fortaleza de lidere, fue precisamente, la Fundación que llevó su nombre. SABATE  fue para Eva Perón el profesional probo, riguroso y providencial, que interpretó sus concepciones sociales y las transformó en arquitectura y en escenografía para el uso y el disfrute de los trabajadores. Fue no solo un proyectista sino, también, el gestor de esos proyectos y el supervisor en quien Evita confiaba para asegurar la correcta aplicación de los fondos a su destino patriótico-“ Presentación del Libro por la Arq. Cristina Alvarez Rodriguez, en carácter de presidenta del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y Mueseo Evita.) Una idea de sociedad estaba presente, un proyecto de ciudad fue posible,como lo muestran las imágenes del Barrio Simón Bolivar, tanto implantación vista de la trama urbana y su ruptura generando el espacio parque,que vemos más arriba, como la vista desde los jardines y de la calidad del espacio urbano instersticial que hoy puede disfrutarse en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin duda que el “inaccesible Mercado de Suelo “ forma parte del diagnóstico de las causas de pobreza fomentadas por la ciudad neoliberal, sin embargo este posicionamiento es efecto y no causa si nos replanteamos el modelo de ciudad, desde el paradigma de modelo de Sociedad deseado. Si es que comprendemos el valor intrínseco que tiene la frase de la Dra. K.Olmos: “ dime que ciudad tienes y te diré que sociedad eres”, apuntalada por las reflexiones antes citadas de Lombardi con respecto a la pertenecia del espacio urbano a la materialización de las relaciones sociales, podremos desde allí, priorizar y canalizar instrumentos que en tanto fichas , necesitan no jugar en el tablero equivocado. De nada sirve la aplicación, y esto vale como ejemplo, de la regularización dominial  facilitada por el Estado y la puesta en valor del suelo del lote con servicios, si la localizacion de dicha operación solo consolida un barrio pobre de la periferia, donde el sentido de pertenecia es sentido como vergüenza por los que lo habitan.No hay proceso de "inclusión urbana" en esa operación, si no promociona a ese barrio fuera de la pobreza como condición paradigmática, si no produce la integración basada en el derecho a la dignidad no solo material sino simbólica, solo es un proceso de "beneficencia urbana". Diferente sería, a modo otra vez de ejemplo, la operatoria de lotes con servicios en zonas instersticiales de ciudad consolidada y con programas de vivienda como P.R.O.C.R.E.A.R, pero centrados tanto en clases bajas, medias bajas como en altas, conteniendo la tendencia de dispersión de clase, que juega el mercado del negocio del suelo “barato” en countries y barrios parque periféricos a los centros consolidados, desintegrando el tejido social. Sabemos que la oferta de más loteos en zonas nuevas, alejadas de los tejidos degradados son la búsqueda más rentable del mercado inmobiliario. Auspiciar esta práctica conociendo las consecuencias de ghetización y segregación que conlleva para la sociedad este Modelo de ciudad, debiera de ser considerado un “delito urbanístico”. Hoy, sin embargo y en Bahia Blanca acaba de suceder, se aprueba por excepción lotes en zonas de reserva urbana o de chacras, avalado por el mismo sector kichnerista, promoviendo un negocio inmobiliario para las clases medias altas de nuestra sociedad, mientras que la Ley de Acceso Justo al Hábitat, ni siquiera es reglamentada.Sin ánimo de pensar otro tipo de trasfondo político, esto obedece a este divorcio conceptual que reproduce la dialéctica no resuelta entre modelo político de sociedad y los instrumentos técnicos que construyen la ciudad.

Siempre decimos que las crisis son oportunidades y que no hay respuestas diferentes si no cambiamos las preguntas. La hipótesis planteada desde este análisis infiere que la aceptación de la ciudad segregada materializada preexistente es el error original del planteo de soluciones urbanísticas desde un paradigma que supone un acceso justo al hábitat.Naturalizar la pobreza como parte de una realidad insoslayable es renunciar a un cambio de paradigma.Por eso el planteo y crítica a que solo con el acompañamiento y la participación en la construcción de la ciudad desde el Estado , descripto en la Ley de Hábitat como el “movimiento hacia la reforma urbana” realizando un “aporte hacia formas más justas” para “pensar el diseño de los barrios y urbanizaciones de situaciones existentes” (textuales de la Ley Capítulo 1) infiere resignar la construcción de Ciudad Inclusiva, en tanto que desconoce que amorigerar la problemática de necesidades básicas en el corto plazo, solo consolida una mejora de calidad de vida circunstancial, que termina avalando la ciudad excluyente neoliberal . La gestión social del Hábitat no debiera de ser tal, si no nos animarnos al cambio de lógica de la gestión de la ciudad real. La práctica en paralelo de una gestión social del Hábitat, no parece que haya alcanzado,en ninguno de los países latinoamericanos que desde hace años pusieron en práctica los avances legislativos excelentemente diseñados al respecto. Los resultados de los fracasos urbanos son evidentes, la integración urbana visible construida sigue siendo segregada y con tendencia a mayor ghetización, hacia arriba y hacia abajo de las formas de apropiación de los territorios urbanos. La segregación social que se materializa en la ciudad, pone de manifiesto las conclusiones derivadas de la Cepal, donde "la Hora de la Igualdad" parece cada vez más lejana. Esto induce a reflexionar que si la gestión de la ciudad sigue manteniendo en forma paralela y desarticulada la gestión inmobiliaria del Mercado con la Gestión Social del Hábitat, los resultados seguirán siendo los mismos.

¿Que ciudad representa entonces el ideal de una sociedad con oportunidades para todos si gran porcentaje de los ciudadanos viven en “barrios pobres”? Seguir construyendo barrios pobres “más lindos” o “con servicios de infraestructura “ con el concepto de las Areas de vivienda de “interés social” solo estigmatiza a quienes viven allí.La ciudad real es donde viven aquellos que aunque a veces colgados del furgón de cola, pertenecen al Espacio Urbano identitario de la ciudad. Una ciudad que siga construyendo espacios solo para pocos privilegiados, y genere soluciones "ad hoc" de vivienda "de interés social" para otros , está cada vez más lejos de integrar, incluir y generar pertinencia identitaria para esos sectores que llamamos de alta vulnerabilidad, excluídos, marginados.(imagen de un barrio de las periferias de cualquier ciudad argentina, tomado del artículo citado de Habitar Argentina)El problema del modelo de ciudad nos pone en evidencia la falta de definición del Modelo de Sociedad. Ciertamente alcanzar el “derecho a la Ciudad” como nuevo paradigma urbano, implica mucho más que acceder a la vivienda y los servicios de infraestructura que brindan habitabilidad, y por ende debiéramos animarnos a repensar lo definido por la UNESCO y por Un-Hábitat.  Desde estos organismos internacionales de establece que un “modelo de desarrollo basado en derechos exige que los habitantes se beneficien de lo que la ciudad ofrece” y recalca “minimamente el acceso al agua y a la vivienda digna, especialmente los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la población”.(*) Lo peligroso de este planteo es que resigna justamente construir un nuevo paradigma urbano, donde la Pobreza deje de ser una realidad aceptable. Bajo la nueva realidad electoral que instauró un gobierno más cerca de la lógica del Mercado, que de la lógica del Estado distribuidor de riqueza en forma equitativa, el debate entre “propiedad y Función Social” que atraviesa cualquier definición de Derecho a la Ciudad , es posterior y es efecto, al enfoque político del "Proyecto de Sociedad" buscado. Hasta que esta dialéctica no sea sintetizada, adentrarnos en el debate solo sobre los instrumentos de planificación del Territorio, supone el peligro de que sin sustento ideológico,los mismos tiendan a empeorar lo que creemos mejorar.

Quedan las preguntas latentes ¿pueden las contradicciones urbanas poner en crisis y en debate, el proyecto de sociedad deseado por las mayorías populares? ¿y estas a su vez integrarán en esta nueva "Utopia"a la mayoría de la población que haga este Modelo sostenible?¿que esta en juego realmente cuando hablamos de CIUDAD INCLUSIVA?

*) Scatolini , Luciano “Habitat : Hacia un nuevo paradigma urbano” Impreso por el Congreso de la Nación.2014