LA CIUDAD INCLUSIVA: La UNS y el Suelo más costoso de la Ciudad: La oportunidad de iniciar un debate conjunto hacia la sintonía fina de las políticas de INCLUSION

martes, 13 de agosto de 2013

La UNS y el Suelo más costoso de la Ciudad: La oportunidad de iniciar un debate conjunto hacia la sintonía fina de las políticas de INCLUSION


LA POLITICA DE SUELO : ”LA CUESTIÓN DE LA TIERRA URBANA Y LA VENTA DE UNA PARCELA DE TIERRA DE LA UNS“
publicado en el Blog del CEGUIIR(*)
En las últimas semanasmiembros de distintas organizaciones de la Universidad Nacional del Sur, de la comunidad universitaria  y del ámbito local se han pronunciado en contra de la venta de una fracción de 12 hectáreas de tierra de las 127 Ha  que posee actualmente la Universidad, dentro del ejido urbano de Bahía Blanca en su cuadrante N –NE, conectadas entre sí y con toda la infraestructura de servicios al pié. 

La coyuntura brinda una oportunidad para reflexionar acerca de un modelo de Universidad  Nacional y Pública y del rol que juega en la ciudad y la región, lamentablemente desaprovechado  hasta el presente. No obstante, aún estamos a tiempo de producir un debate que aporte a la construcción de políticas públicas de desarrollo urbano y económico de la ciudad, temas sobre el cual  la universidad nunca debió estar ajena.

Los argumentos esgrimidos por los sectores que se manifestaron en contra de la venta se reducen a que no se debe enajenar el patrimonio de la Universidad y mucho menos utilizarse en una ampliación edilicia para la actividad universitaria, la que debe ser asegurada por el presupuesto nacional en educación. Su posición ha sido detener la venta como sea, impidiendo el desarrollo de la Asamblea, y retener esos terrenos para la Universidad.  Muchos de los que encabezaron esta iniciativa pertenecen a agrupaciones que se autoproclaman de izquierda, pero esta posición entra  en  contradicción con  la ideología que los sustenta y los intereses de clase que dicen representar. Las contradicciones que queremos señalar:

1- la UNS es una universidad nacional (de ahí las dos primeras letras de la sigla) y por lo tanto su patrimonio -aunque sea administrado de manera autárquica- es del Estado Nacional. Es más, la Universidad es Estado Nacional y como tal debe tener un posicionamiento claro sobre la redistribución de la renta, base de las políticas públicas. Una redistribución equitativa de ese patrimonio podría significar una mejor gestión del presupuesto educativo de todos y para todos, algo inadmisible para estos grupos. Los bienes del Estado se deben poner en valor en forma democrática, con la participación de todos los estamentos involucrados y con la función de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Retener suelo ocioso, ya sea por el sector privado o por el propio Estado es una acción especulativa y patrimonialista para apropiarse de los recursos de toda la población en beneficio propio. Constituye una actitud deleznable, propia de los sectores más rancios, que sacan provecho para sí de la economía de mercado.

La decisión de vender o no los terrenos es sin dudas una decisión política como muchos manifestaron. En esto coincidimos, pero un modelo de  Universidad no puede pensarse de manera independiente de un modelo de país y mucho menos desentenderse del desarrollo económico, social y urbano de su entorno, aspecto que ha sido completamente ignorado en la discusión. La Universidad, en tanto Estado, no debería resolver esta cuestión analizando únicamente la relación costo-beneficio para los universitarios sin pensar que es un ACTOR FUNDAMENTAL DE LA POLÍTICA DE SUELO DE LA CIUDAD y que no puede hacer "lo que quiere" sino que debe estar comprometida con un modelo de sociedad a construir y dar el debate entre : una sociedad sólo para los "privilegiados universitarios" o una SOCIEDAD INCLUSIVA con oportunidades para todos y todas.
 
La ausencia -durante muchas décadas- de un Estado en general y en este caso el Municipal en particular, dejó el crecimiento de la ciudad en manos de los intereses económicos, a menudo especulativos y asociados al poder político que solo dejaron prevalecer las leyes del mercado inmobiliario. Así, los sectores más humildes de la población se ubicaron en zonas alejadas del sur y oeste de la ciudad mientras que en la franja periurbana del noreste y norte de la ciudad, con la radicación de dos grandes superficies comerciales, se produjo el surgimiento de nuevos proyectos inmobiliarios para el estrato de ingresos medio y medio-alto, y un fuerte crecimiento residencial. Estas transformaciones se han visto reflejadas en el aumento de la demanda de tierras en el sector, conformándose la Av. Cabrera como el eje preferencial de crecimiento.

Esto ha producido una ruptura peligrosa, que de la dimensión espacial se proyecta en la dimensión social y que conforma la realidad de la CIUDAD SEGREGADA, una ciudad que lejos de ser el espacio colectivo que alberga las oportunidades para todos, es caldo de cultivo de violencia, inseguridad y descontento entre ciudadanos que cada vez se ven más marginados. En este marco sólo el Estado, en cualquiera de sus variantes y desde la política de suelo, logra compensar los desvíos propios del mercado, sosteniendo la integridad y cohesión de la ciudad. Esto es básico para gobiernos que han sabido construir ciudad, desde una mirada socialdemócrata como  en Suecia, Noruega, Canadá y la misma Francia, o en países de mayor raigambre capitalista como Inglaterra. La política de suelo como tal, no de mero ordenamiento normativo, no ha existido en Latinoamérica en tanto política de Estado de carácter permanente, y en definitiva ha sido sólo el mercado el que ha construido nuestras ciudades, con los resultados a la vista.

En nuestra ciudad en la actualidad, existen aproximadamente 2.150 hectáreas urbanizables privadas al interior del Anillo de  Circunvalación y por otra parte, también existen terrenos vacantes propiedad del Estado, de los cuáles 125 hectáreas pertenecen a la Universidad Nacional del Sur, 351 ha. al Ejército Argentino, y aproximadamente 490 ha. al Estado, fundamentalmente de ex Ferrocarriles (esta información fue obtenida de un artículo publicado en la Revista Huellas,  Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa, La disponibilidad de tierras vacantes de Bahía Blanca[1], cuya autora es la MG. Guillermina Urriza, docente del Depto. de Geografía de la UNS).

La existencia de superficies vacantes puede deberse a la retención de suelo fuera de la oferta del mercado a la espera de una mayor valorización.

Es necesario e importante resaltar que este fenómeno especulativo es socialmente perjudicial. En el mismo artículo la Mg, Urriza, sostiene que: “una de sus consecuencias negativas es que obliga a construir más allá de los predios ociosos, en tanto éstos se valorizan por el mismo proceso de urbanización. Para el propietario, la renta del suelo constituye un ingreso que no se origina a partir de un esfuerzo productivo, puesto que la valorización de la tierra surge del accionar público y privado en el proceso de construcción urbana, transfiriendo recursos de la comunidad a los dueños de la tierra. Como explica Trivelli” (Dr. Pablo Trivelli Oyarzún, U de Chile): “el fenómeno especulativo tiende a autopropagarse en el tiempo, ya que uno de los efectos nocivos que genera es la retención de suelos fuera de la oferta del mercado, agudizando la escasez relativa de terrenos y provocando alzas en los precios, siendo precisamente las alzas en los precios del suelo las que estimulan la especulación”.

Otro de los efectos nocivos que se señalan en el trabajo citado es que genera una asignación deficiente de los recursos: “El crecimiento discontinuo y en extensión no sólo supone mayores costos en materia provisión de infraestructura, equipamiento y transporte público debido a la discontinuidad espacial y baja densidad poblacional, sino también una desarticulación urbana y social de la ciudad, impactando fuertemente sobre los que menos tienen”.

¿Quién debería actuar para regular el desarrollo de una ciudad inclusiva, evitando los efectos nocivos de la especulación? Indudablemente la respuesta es el Estado en su conjunto, articulado con el Municipio. “La intervención del Estado tiene implicancias directas en el mercado de tierras y en la generación y apropiación de la renta. La normativa sobre uso y ocupación del espacio, la política impositiva dirigida al suelo, y las inversiones en obras públicas y vivienda, entre otras acciones, afectan en forma diferencial la tierra urbana, el crecimiento de la ciudad y, por ende, la distribución de la riqueza” (Urriza).

Una universidad pública que dé respuestas a las necesidades sociales debería proponer políticas de gestión y de desarrollo urbano. El trabajo citado es un ejemplo de los muchos aportes desde la ciencia y la cultura, no sólo para hacer diagnósticos sino para contribuir con soluciones.  Sería una contradicción y una actitud de "egoísmo social" que la Universidad  mantenga para sí una importante cantidad de hectáreas ociosas, mientras que por otra parte los mismos académicos  señalan el perjuicio que acarrea tal acción y proponen políticas para evitar dicha especulación.  

2- La otra contradicción que se observa desde los sectores de izquierda que se oponen a la movilización del suelo y que se definen como defensores de  los intereses del pueblo es la total y completa omisión acerca de cuál debería ser el desarrollo edilicio de una universidad pública y abierta al pueblo. 

Básicamente, hay dos  modalidades  de arquitectura universitaria que responden a miradas antagónicas del rol de la Universidad en el medio: el centro de estudios disperso en la ciudad y el campus universitario segregado de la trama urbana. Estos modelos han sido adoptados en cada región del mundo, llegando incluso a coexistir en un mismo país, región o ciudad.

La idea inglesa de campus (una concepción medievalista), que concentra los edificios con claustro, fue acogida en Estados Unidos y desde allí se difundió a todo el mundo occidental. Así la universidad se aísla del contacto con la comunidad que la creó y justifica su razón de ser. En muchas de nuestras ciudades vemos que para la población no universitaria, la universidad es un fenómeno ajeno, encerrado en sus muros o rejas, tan anónimo y distante como una fábrica o una base militar.

Históricamente, las ciudades latinoamericanas ubicaron sus universidades en el centro, junto a las demás instituciones que estructuran a la comunidad, junto al comercio y al mercado, junto a la vivienda y en franca relación con el espacio público: la Academia articulada con la ciudad, nutriéndose mutuamente. Hoy mismo podemos observar el impacto urbano de la UNS, la vitalidad que aporta la actividad universitaria en torno al complejo Alem. Por esa misma razón se conoce a la zona como “Barrio Universitario”.  No obstante,  la adquisición de tierras en los altos de Palihue a fines de los 60´s  y la penetración cultural dominante en todo el país conspiraron de manera tal que muchos de los miembros de la UNS proyectaran sobre esos terrenos el sueño del campus.

El potencial de esos terrenos para el desarrollo de las actividades del Departamento de Agricultura y Ganadería es indiscutible. Pero los dos edificios que se construyeron para descomprimir la escasez de aulas del complejo Alem fue una iniciativa que aún hoy día enfrenta dificultades. La principal, el transporte. Además, los usuarios de estas aulas están cautivos de la oferta comercial dentro del propio campus, dado lo  distantes que están los comercios. Además, hubo que implementar medidas de seguridad, ya que para el acceso hasta Av. Cabrera los estudiantes, docentes y no docentes de a pie deben  atravesar un sector del campus sin edificación alguna, prácticamente desierto según la hora.

Independientemente de la procedencia de los fondos, la idea es seguir construyendo en el campus, dotando al Departamento de Derecho y de Computación de un espacio propio.  Es evidente que la posible construcción de estos edificios en los lotes ociosos  conspiraría con la necesaria integración de la universidad con la ciudad, como así también una urbanización alrededor del campus de tipo residencial y de baja densidad, accesible sólo para sectores medios y altos de la población.

En este sentido, creemos que la Universidad debe movilizar la tierra ociosa. Por todo lo expresado,  no nos oponemos a la decisión de vender las 12 hectáreas.  Sin embargo, cuando se estudie la operación de venta, nuestra propuesta va estar orientada a redefinir un posicionamiento HACIA LA CIUDAD Y HACIA UNA UNIVERSIDAD QUE INTEGRE, INCLUYA Y PROMUEVA. Esta discusión bien puede ser el comienzo para enriquecer el pensamiento sobre el hacer urbano que desestigmatice la visión de la universidad desintegrada de la ciudad, promueva alternativas desde otras miradas y acompañe el proceso de inclusión que se está desarrollando en Argentina en consonancia con los nuevos aires en toda Latinoamérica. Precisamente Brasil y Colombia han sido pioneros en generar instrumentos públicos y privados de gestión inclusiva del suelo y recientemente en la provincia de Buenos Aires se ha aprobado la nueva Ley de Hábitat, que integra varios instrumentos de movilización de suelo aplicables a la operación posible para las 12 has en cuestión.

Es entonces para nosotros una verdadera oportunidad para generar políticas de inclusión que permita  reservar una parte de ese suelo para vivienda social que puede tener entre otros destinatarios, a docentes, no docente e inclusive alumnos de la UNS. Esta sería una medida de inclusión e integración de los sectores más humildes. 

Sin dudas, toda operación de suelo requiere de un programa y proyecto previo que bien se podría generar desde sectores profesionales dentro de la misma universidad como propuesta a ser evaluada políticamente por el Concejo Deliberante y técnicamente por las oficinas de planeamiento del ejecutivo municipal, en el marco de la Ley provincial vigente y la ordenanza de Habitat de reciente aprobación en el HCD local. Luego, este proyecto urbano podrá ser gestionado por la Agencia Municipal Urbana, con la creación de un Observatorio de Gestión en la misma Universidad que monitoree la operación en el tiempo, garantizando el aporte de conocimiento integrado y comprometido al rol de ESTADO asumido. La operación de suelo así definida permite -a partir de la densificación- la obtención de renta del suelo, generando el mismo valor inmobiliario o mayor que si lo vende para lotear, pero incorporando beneficiarios directos, además de continuidad de tejido residencial de baja densidad y amplios parques públicos donde se construyan los edificios de  mayor densidad, dejando los usos recreativos y deportivos al Campus, que cuenta con otras aproximadamente 80 has reales de urbanización posible.
Además, pensamos que se puede proyectar áreas dentro del campus con actividades extras en relación al centro de estudios: cafeterías, librerías, comercios especializados, etc. todo en estrecha armonía espacial con un campus sin alambrados e integrado a la ciudad, una situación intermedia entre el campus segregado y la universidad dispersa en la ciudad.

Por últimoes importante recordar que las ciudades no crecen indefinidamente y las universidades tampoco. Ochenta hectáreas multiplica en 40 veces la universidad actual en el complejo Alem/12 de Octubre. El límite al crecimiento exponencial de alumnos que se condice con el Plan Estratégico de la UNS, tiene en estas 80 has más que sobrado potencial para esta generación y las generaciones futuras, tanto para desarrollo de aulas, equipamientos e inclusive vivienda y servicios estudiantiles, dando por tierra con otro de los argumentos esgrimidos (suponemos que no desde la mala voluntad, sino desde el desconocimiento de la materia)

Una ciudad inclusiva es posible en el marco de una sociedad que ponga la construcción del conocimiento colectivo al servicio de los intereses de todos. Creemos que los universitarios debemos aportar responsablemente para una mejor sociedad en una mejor Bahia Blanca.--

(*) CENTRO DE ESTUDIOS DE GESTIÓN URBANA INCLUSIVA E INTEGRADA A LA REGIÓN (Espacio CEGUIIR, http://ceguiir.blogspot.com.ar/)
Ing. Sebastián Castro (UTN), Arq. Alberto del Viso (UNS), Dra. Ana Tablar (UNS), Arq. Rosana Vecchi (UTN).







[1] Mg. Guillermina Urriza “La disponibilidad de tierras vacantes y la expansión urbana de Bahía Blanca”. Revista Huellas http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/v15a14urriza.pdf

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